Atentados contra libre expresión
El pasado domingo por la madrugada, el periodista radicado en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Alberto Fernández Portilla, mejor conocido como "El Búho Botero", fue objeto de un criminal atentado que pretendió quitarle la vida. Según fuentes oficiales, cinco impactos de bala calibre 9 mm., hicieron blanco en el cuerpo del periodista, el cual fue agredido casi a la puerta de su domicilio por un solitario sujeto.
El comunicador, quien dirige el "Semanario", una edición impresa que circula en la región istmeña y además tiene un programa de radio en la XEKZ, denominado BBM Noticias, ha hecho severas críticas sobre la situación de inseguridad que persiste en la citada región del Istmo de Tehuantepec y salvó milagrosamente la vida. Como es de todos sabido, la ciudadanía istmeña vive una época de terror a raíz de la presencia de células del narcotráfico, el grupo de sicarios conocidos como "Los Zetas" y el incremento en el índice de secuestros.
Es pues, una región que no sólo padece los latigazos de la inseguridad sino asimismo, la torpeza de los responsables de garantizar el ejercicio de la ley, caso concreto de la subprocuradora de Justicia, María del Carmen Chiñas Salinas, en cuyas narices se ha disparado la delincuencia.
Hace poco más de dos meses, el reportero del diario "Tiempo de Oaxaca", Misael Sánchez Sarmiento, fue asimismo objeto de un atentado criminal que intentó privarle de la vida en el fraccionamiento habitacional en donde vive. Pese a la insistente protesta de los comunicadores nada se ha logrado esclarecer.
Así, y mientras Misael sana de las graves heridas que le fueron infringidas, las autoridades no han dado pie con bola para saber por lo menos de dónde provino el ataque y, por supuesto, deslindar responsabilidades. Ambos hechos ponen de manifiesto una situación: en Oaxaca el oficio periodístico es un trabajo de grave riesgo.
Si México ha sido catalogado a nivel internacional como un país en donde ejercer el periodismo se ha convertido en un acto de vida o muerte, Oaxaca no se queda atrás. Existen poderes fácticos y otros que, con la abierta incompetencia de las autoridades responsables de investigar los ilícitos, siguen silenciando a los medios de comunicación.
Es obvio que el caso de Fernández Portilla no debe echarse en saco roto. Es necesario que el gremio periodístico, sin importar colores o tendencias, se una para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas; a la Procuraduría General de Justicia del estado, a cargo de Evencio Nicolás Martínez Ramírez y a todas las instancias que procuran justicia a nivel regional, que se hagan las investigaciones a que haya lugar, para esclarecer este hecho aberrante, que mancha la imagen del gobierno y pone a nuestra entidad -y especialmente a la región istmeña- como una tierra de nadie.
El gremio periodístico y la sociedad en general no esperan declaraciones ni buenas intenciones. Demandan hechos concretos y acciones enérgicas para devolver la confianza en las instituciones. El atentado cometido en contra de Fernández Portilla al igual que la no esclarecida acción criminal en contra de Misael Sánchez Sarmiento, no deben quedar en la impunidad ni en el olvido.
Siempre lo hemos dicho, haciendo referencia a la "Declaración de Chapultepec", suscrita en el marco de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): no puede haber sociedades libres en donde se conculca el ejercicio de las libertades democráticas. No puede hablarse de democracia, en aquellos Estados o países en donde se atenta en contra de la libre expresión, uno de los ejes rectores de la convivencia civilizada. Es obvio que esta situación no la entienden ni los poderes fácticos ni los sicarios del narcotráfico.
He ahí el riesgo para la seguridad estatal -y nacional por supuesto- de que los señores de la droga y sus mercenarios a sueldo, sienten sus reales en la rica región del Istmo de Tehuantepec, contaminando lo que para muchos podría convertirse en uno de los alicientes para salvar la precaria economía oaxaqueña. Nada -absolutamente nada- justifica pretender silenciar a los comunicadores y coartar el derecho a la libre expresión. Mucho tiene que hacer el gobierno para que esto no ocurra.
Lo primero y más urgente es realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer estos abominables atentados y resarcir a la ciudadanía de un derecho que le pretende ser regateado: el derecho a la información.
El comunicador, quien dirige el "Semanario", una edición impresa que circula en la región istmeña y además tiene un programa de radio en la XEKZ, denominado BBM Noticias, ha hecho severas críticas sobre la situación de inseguridad que persiste en la citada región del Istmo de Tehuantepec y salvó milagrosamente la vida. Como es de todos sabido, la ciudadanía istmeña vive una época de terror a raíz de la presencia de células del narcotráfico, el grupo de sicarios conocidos como "Los Zetas" y el incremento en el índice de secuestros.
Es pues, una región que no sólo padece los latigazos de la inseguridad sino asimismo, la torpeza de los responsables de garantizar el ejercicio de la ley, caso concreto de la subprocuradora de Justicia, María del Carmen Chiñas Salinas, en cuyas narices se ha disparado la delincuencia.
Hace poco más de dos meses, el reportero del diario "Tiempo de Oaxaca", Misael Sánchez Sarmiento, fue asimismo objeto de un atentado criminal que intentó privarle de la vida en el fraccionamiento habitacional en donde vive. Pese a la insistente protesta de los comunicadores nada se ha logrado esclarecer.
Así, y mientras Misael sana de las graves heridas que le fueron infringidas, las autoridades no han dado pie con bola para saber por lo menos de dónde provino el ataque y, por supuesto, deslindar responsabilidades. Ambos hechos ponen de manifiesto una situación: en Oaxaca el oficio periodístico es un trabajo de grave riesgo.
Si México ha sido catalogado a nivel internacional como un país en donde ejercer el periodismo se ha convertido en un acto de vida o muerte, Oaxaca no se queda atrás. Existen poderes fácticos y otros que, con la abierta incompetencia de las autoridades responsables de investigar los ilícitos, siguen silenciando a los medios de comunicación.
Es obvio que el caso de Fernández Portilla no debe echarse en saco roto. Es necesario que el gremio periodístico, sin importar colores o tendencias, se una para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas; a la Procuraduría General de Justicia del estado, a cargo de Evencio Nicolás Martínez Ramírez y a todas las instancias que procuran justicia a nivel regional, que se hagan las investigaciones a que haya lugar, para esclarecer este hecho aberrante, que mancha la imagen del gobierno y pone a nuestra entidad -y especialmente a la región istmeña- como una tierra de nadie.
El gremio periodístico y la sociedad en general no esperan declaraciones ni buenas intenciones. Demandan hechos concretos y acciones enérgicas para devolver la confianza en las instituciones. El atentado cometido en contra de Fernández Portilla al igual que la no esclarecida acción criminal en contra de Misael Sánchez Sarmiento, no deben quedar en la impunidad ni en el olvido.
Siempre lo hemos dicho, haciendo referencia a la "Declaración de Chapultepec", suscrita en el marco de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): no puede haber sociedades libres en donde se conculca el ejercicio de las libertades democráticas. No puede hablarse de democracia, en aquellos Estados o países en donde se atenta en contra de la libre expresión, uno de los ejes rectores de la convivencia civilizada. Es obvio que esta situación no la entienden ni los poderes fácticos ni los sicarios del narcotráfico.
He ahí el riesgo para la seguridad estatal -y nacional por supuesto- de que los señores de la droga y sus mercenarios a sueldo, sienten sus reales en la rica región del Istmo de Tehuantepec, contaminando lo que para muchos podría convertirse en uno de los alicientes para salvar la precaria economía oaxaqueña. Nada -absolutamente nada- justifica pretender silenciar a los comunicadores y coartar el derecho a la libre expresión. Mucho tiene que hacer el gobierno para que esto no ocurra.
Lo primero y más urgente es realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer estos abominables atentados y resarcir a la ciudadanía de un derecho que le pretende ser regateado: el derecho a la información.
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